En pocas semanas se cumple el año de iniciado el "proceso de paz" entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las narco terroristas FARC. Esa negociación no es otra cosa que un gran papelazo para el flamante presidente de Colombia.
Las "razonables" exigencias de los guerrilleros pasan por la desmovilización sin entregar las armas y con amnistía para sus crímenes. También la creación de una nueva Constituyente, donde ellos tengan una cuota de diputados asignada de antemano.
Igual reclaman participación sin restricciones en la vida política del país. El rosario del legado de las FARC incluye, entre otros graves delitos, actos terroristas, asesinatos, secuestros, extorsión, tráfico internacional de drogas. En el terreno, un reciente ataque a las fuerzas del ejército cobró la vida de 13 efectivos en el departamento de Arauca.
En ese mismo departamento colombiano el mes pasado cayeron 15 militares bajo el fuego guerrillero. Lo peor es que todo el circo levantado alrededor de la llamada negociación de paz resulta una maniobra irresponsable y de muy cortas miras del presidente Santos, enfocada en su interés personal por reelegirse en el trono.
Sin embargo, dadas las circunstancias, pudiera encontrar el voto de rechazo de los colombianos ante su incapacidad de buscar verdaderas soluciones. El ex gobernante, Alvaro Uribe, sigue disfrutando de popularidad por su mano de hierro en el combate a las FARC.
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